Not known Factual Statements About Extradición México Irlanda
México ha otorgado y negado la extradición en diversos casos, lo que demuestra la importancia de este proceso en la lucha contra el crimen internacional y la justicia world.
El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.
La extradición a México es un proceso complejo que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar. Este proceso se lleva a cabo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría Normal de la República.
one. Las Partes Contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud official de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
El caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán es un ejemplo de la complejidad del proceso de extradición a México. A pesar de los recursos legales presentados por su defensa, Guzmán fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por varios delitos.
La autora analiza diversos instrumentos jurídicos internacionales con el fin de identificar y rescatar weblink los principios jurídicos y garantías individuales que con el paso del tiempo se han convertido en elementos imprescindibles en todo tratado y ley de extradición.
Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Typical Regulation, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano–germánica o Civil Legislation que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.
Un tratado de extradición es un acuerdo entre dos países que establece la weblink obligación de entregar a un individuo acusado o condenado de un delito a la autoridad del otro país.
Una vez recibida la solicitud, la autoridad mexicana competente evalúa la misma para determinar si cumple con los requisitos establecidos por la ley. Si la solicitud es aceptada, se inicia el proceso de extradición.
Los tratados de extradición se refieren al derecho que tienen dos países de enviar o recibir a una persona que enfrenta un proceso authorized.
La decisión de extradición es tomada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría debe evaluar la solicitud y tomar en cuenta los intereses del Estado mexicano y de la persona acusada.
Asimismo, es de destacar el quehacer de la Interpol en la persecución, detención y traslado de delincuentes, y el cada vez mayor número de convenciones internacionales en materia penal que han sido suscritas con el fin de reforzar y ampliar la lucha contra la delincuencia internacional.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción universal, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha have a peek here con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.